A lo largo de los años fueron apareciendo en las escuelas -y se intensificaron luego de la pandemia- situaciones de violencia física, de violencia simbólica, de violencia mediática y de judicialización. ¿Cómo resguardar -además de los niños, niñas y adolescentes- a las trabajadoras y trabajadores de la educación? Patricia Romero Díaz, Secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA, explica el contenido del reciente Acuerdo Paritario de Resguardo y Reparación que, entre otras importantes cuestiones, establece cómo se procede con un trabajador o trabajadora de la educación que está transitando o está sufriendo las consecuencias de situaciones de violencia en la escuela.
Siete3siete: ¿Cómo se llega a este Acuerdo Paritario?
Patricia Romero Díaz: Es la concreción de muchos años de trabajo, de recorridos e intervenciones en situaciones de conflicto y violencia en escuelas de toda la Provincia, de discusión y debate interno analizando las distintas coyunturas políticas, sociales y económicas en las que se iban dando. Siempre entendiendo que la escuela es parte de una comunidad y que el conflicto es intrínseco a la convivencia social. El problema emerge cuando en el abordaje del conflicto se corren las herramientas simbólicas que tenemos los seres humanos para transitarlo y resolverlo, la palabra, y en su lugar aparecen otros elementos. Cuando se corre de la escena la palabra, lo simbólico, la posibilidad de diálogo para abordar y entender lo que está ocurriendo, deja lugar a otras expresiones, al acto, a la acción que muchas veces se expresa en forma de agresión o distintas manifestaciones de violencia. Desplazado lo simbólico de la escena escolar emerge la violencia. Hace muchos años empezamos a ver algunas situaciones esporádicas donde la imposibilidad de abordaje y resolución pacífica se transformaban en conflicto. Fue cuando en SUTEBA generamos un equipo interdisciplinario con participación de la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría Gremial, la de Salud, psicólogas, Equipos directivos, etc. para analizar causalidades, consecuencias y desentramar estas situaciones. Vimos que cuando la situación social es compleja y se tensan los vínculos sociales el reflejo inmediato en el escenario escolar es la profundización y multiplicación de los conflictos. Más cercano en el tiempo, observamos que a los conflictos y expresiones de violencias se sumaba otra situación, la judicialización de hechos ocurridos en las escuelas. Es decir, fueron apareciendo en el escenario escolar la violencia física, la violencia simbólica, la violencia mediática y posteriormente la judicialización de lo que allí ocurría.
El problema emerge cuando en el abordaje del conflicto se corren las herramientas simbólicas que tenemos los seres humanos para transitarlo y resolverlo, la palabra, y en su lugar aparecen otros elementos
Siete3siete: ¿Cómo es este fenómeno de la judicialización?
P. R. D.: En un principio, las situaciones de judicialización se focalizaron en el nivel inicial con casos muy puntuales de acusaciones de supuestos abusos sexuales ocurridos en jardines. Empezamos a estudiar el tema -dimos con textos de Philippe Meirieu, sociólogo francés, que analizaba la judicialización de los vínculos escolares- y pudimos ver que era un efecto mundial el que se estaba dando en nuestras escuelas. Actualmente hay una multiplicación, un crecimiento cuantitativo y una diversificación de situaciones judicializadas ya que lo denunciado puede ser un grito, alguna inconformidad relacionada a una nota adjudicada a un alumnx, enfrentamientos entre adultxs en la escuela, amedrentamientos o amenazas.
Siete3siete: ¿Qué fueron viendo y pensando en todo este recorrido?
P. R. D.: Fuimos descubriendo que en todo lo que norma nuestro trabajo como docentes no se hacía mención a estas situaciones de conflicto y violencia. Había una ausencia de normativa específica. Y que en los ámbitos académicos que investigan y categorizan las violencias, estas situaciones que se producían en nuestros lugares de trabajo y por desempeñar nuestro trabajo, no estaban en agenda. Fuimos lxs trabajadorxs, como siempre hacemos desde SUTEBA, quienes comenzamos a pensar y a crear herramientas de abordaje, intervención y seguimiento ante estas situaciones garantizando las mejores condiciones para enseñar y aprender. Esto lo hicimos recorriendo la provincia, interviniendo en los conflictos, escuchando a las comunidades, recogiendo las preocupaciones y demandas de nuestrxs compañerxs. Fuimos construyendo así, herramientas que dieran cuenta de la necesidad de cuidar y resguardar también a los trabajadores y trabajadoras de la educación que atraviesan estas situaciones complejas, además del compromiso histórico que los docentes de la escuela pública y nuestra organización sindical asumen en el resguardo y cuidado de lxs niños, niñas y adolescentes.
Observamos además que los medios de comunicación hegemónicos, en reiteradas oportunidades, desplegaban abordajes estigmatizantes, culpabilizantes, que promovían un pre juzgamiento social -siempre en detrimento de las escuelas, las comunidades y lxs docentes- que sumaba más violencia, profundizaba el conflicto, y promovía desconfianza y temor en situaciones ya complejas de por sí. Analizamos la mala o desacertada intervención de la Justicia, que juzgaba en relación a un trabajo -el trabajo docente- que desconocía absolutamente; que definía situaciones desconociendo los locales de trabajo y sentenciaba sobre la vida de trabajadores y trabajadoras desconociendo todo lo referido a la educación (características de cada Nivel educativo, currículums de enseñanza, rutinas institucionales, etc.).
FUIMOS CONSTRUYENDO HERRAMIENTAS QUE DIERAN CUENTA DE LA NECESIDAD DE CUIDAR Y RESGUARDAR TAMBIÉN A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA EDUCACIÓN QUE ATRAVIESAN ESTAS SITUACIONES COMPLEJAS
Todo esto, unido a la inexistencia de normativas que regularan, o indicaran las intervenciones y responsabilidades de los distintos actores educativos en estas situaciones de conflicto, nos llevó a construir allá por el año 2015, la primera herramienta normativa -la única a nivel nacional que existió todos estos años- que fue la Resolución 2672. Allí planteamos por primera vez la necesidad de resguardo y cuidados para con los y las trabajadoras de la educación como para nuestrxs alumnxs. Decíamos que nuestra patronal debía crear herramientas para articular con los medios de comunicación y evitar que profundicen los conflictos con sus intervenciones. Hacíamos referencia a la atención de la salud psico física de nuestrxs compañerxs, como de la consideración de modificaciones transitorias de sus lugares de trabajo. Lo hicimos en noviembre del 2015, pero en diciembre cambió la gestión de gobierno y durante los cuatro años de gobierno de Vidal en la provincia, la Resolución quedó en el fondo de un cajón.
Siete3siete: ¿La pandemia tuvo alguna incidencia en todas estas situaciones?
P. R. D.: Nosotrxs anticipábamos que volviendo a la presencialidad muchos conflictos se iban a profundizar en las escuelas. Suponíamos que las situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, en dos años de encierro se iba a profundizar, como se profundizó la violencia de género expresada en el crecimiento de denuncias y llamadas reclamando ayuda. Lxs niñxs no tuvieron posibilidad de hacer llamadas de auxilio. Suponíamos que esto iba a explotar después de la pandemia. Y así fue. Se evidenció en muchas situaciones de denuncias de supuestos abusos ocurridos en ámbitos escolares; seguramente hay niños y niñas abusadas pero generalmente y en la mayoría de los casos esos abusos se dan en otros ámbitos cercanos a ellxs, que no son la escuela. Hemos leído muchas causas y sentencias donde los jueces ratificaban la existencia de supuestos hechos, imposibles de concebir solo con ver los espacios físicos de las escuelas, los locales de trabajo donde se denunciaban los mismos. Descripciones de hechos que solo alguien que desconoce absolutamente esos espacios o la cotidianeidad de un jardín o una escuela dinámica, puede afirmar que ocurrieron. Salitas de Inicial con paredes vidriadas, horas de clases donde un profe está siempre acompañado por la maestra o maestro, etc., etc. Una de las exigencias que venimos planteando en relación a la intervención del poder judicial es que, así como logramos, con el avance de los derechos de las mujeres, que haya fiscalías especializadas, también existan vinculadas a abuso sexual infantil. Que los jueces y los fiscales que intervienen en estas causas estén obligados a ir al lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos, y que tengan formación en educación sexual infantil.
Siete3siete: ¿Qué establece el Acuerdo Paritario?
P. R.D.: Cuando se desencadena un hecho de violencia, por cualquier causa, y se generan situaciones tan violentas como las que vemos en los medios de comunicación, toda la comunidad -familias, niños y niñas, los y las trabajadoras- queda profundamente afectada. Son situaciones de mucho padecimiento psicológico, de dolor, de angustia, de mucho temor de lo que puede ocurrir. Y en el caso de lxs docentes, la incertidumbre de no saber laboralmente qué va a pasar. Atravesamos un período donde a lxs compañerxs, apelando a su resguardo, se les aplicaba el artículo 139 del Estatuto del Docente, que los afectaba en su carrera docente. Lxs inspectorxs apelaban a esto porque hasta la construcción de este Acuerdo Paritario, no existía normativa que indique cómo proceder con un trabajador o trabajadora de la educación que está transitando o está sufriendo las consecuencias de situaciones de violencia en la escuela. No había nada indicado en relación al cambio transitorio de su lugar de trabajo, ni referido a la necesaria asistencia médica o psicológica. Todo esto ahora está por primera vez dicho, escrito y ordenado en este Acuerdo Paritario. Las autoridades educativas están habilitadas a modificar su lugar de trabajo, transitoriamente, sin importar la situación de revista y sin importar la antigüedad docente y sin ningún perjuicio económico. En la construcción colectiva de este acuerdo paritario nuestrxs abogadxs tuvieron la inteligencia de encuadrarlo dentro del Convenio 190 de la OIT. Este Convenio que nuestro país y nuestra provincia suscribieron, hace referencia a las violencias de género pero también a las situaciones de amenazas, agresiones o violencias en los lugares de trabajo, generadas por el desempeño de los diversos trabajos. Desde este encuadre normativo pautamos todos los puntos contenidos en el Acuerdo Paritario referidos a la atención de la salud psicológica y física de compañeros y compañeras que atraviesan estas situaciones desde la ART, el tiempo que cada caso amerite y es responsabilidad de la DGEyC arbitrar los medios para que la ART garantice esta atención.
Siete3siete: ¿El Acuerdo dice algo en relación a los medios de comunicación?
P. R. D.: La Dirección General de Cultura y Educación tiene que arbitrar los mecanismos y acordar con los medios masivos de comunicación protocolos de abordaje de estas situaciones. En el entretanto, hay ámbitos donde las autoridades educativas, las organizaciones sindicales, los mismos equipos de conducción pueden ir a denunciar los abordajes mediáticos que sentencian situaciones antes que la justicia haya dictaminado o antes que se haya iniciado alguna investigación. Estos abordajes mediáticos generan relatos y posicionamientos que apelan al sentido común e instalan a la escuela pública como un lugar de riesgo o de peligro para los niños y niñas. La escuela, como venimos sosteniendo, es un lugar de paz, de aprendizaje y de cuidado de nuestras niñeces.
Estos abordajes mediáticos generan relatos y posicionamientos que apelan al sentido común e instalan a la escuela pública como un lugar de riesgo o de peligro para los niños y niñas. La escuela, como venimos sosteniendo, es un lugar de paz, de aprendizaje y de cuidado de nuestras niñeces
Siete3siete: En el nombre del Acuerdo aparece la palabra “reparación”, ¿a qué alude?
P. R. D.: Lo que creamos como sector de trabajadorxs es la figura de la reparación pública. Porque como decía una compañera en un encuentro, en esas situaciones queda “mancillado” el buen nombre, la carrera de ese trabajador o trabajadora; se astillan y se fracturan los vínculos históricamente construidos de una escuela con esa comunidad -los vínculos personales y comunitarios que lxs docentes vamos tejiendo con las familias de nuestrxs pibxs se destruyen en pocas horas, en una situación muy compleja-.
En el acuerdo queda planteado que cuando en el cierre de una investigación sumarial o presumarial (dentro de los procedimientos administrativos del sistema educativo) se deslindan responsabilidades del o lxs docentes en cuestión; o cuando la justicia desestima culpabilidad o responsabilidad de lxs mismos, tiene que haber un acto público de reparación. Las autoridades educativas de cada distrito tienen que convocar a las comunidades de esas escuelas y explicar la emisión de criterio del inspector o la inspectora que investigó ese hecho, o visibilizar el dictamen judicial que deslinda todo tipo de responsabilidades de hechos tan horrorosos que se les han imputado a tantos compañeros y compañeras. Esta figura de reparación pública tampoco existía y queda plasmada en este Acuerdo Paritario.
Otra cuestión importantísima que el acuerdo plasma es el concepto de corresponsabilidad. Nosotros desde hace muchos años decimos que la escuela sola no puede. No puede ni debe abordar en soledad situaciones tan complejas. Tiene que haber otros estamentos del Estado aportando a la resolución de situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, pero también de situaciones de conflicto en el ámbito escolar. Porque cuando han existido situaciones de amenazas, de persecuciones, de amedrentamientos – como existieron- Educación se queda sin elementos de intervención. Desde esta perspectiva de corresponsabilidad el acuerdo determina la existencia de un Ámbito Interministerial provincial, donde se sienten representantes de la DGEyC, del Ministerio de Justicia, de la Secretaría de Derechos Humanos, de los Ministerios de Salud, de Comunicación, de Desarrollo de la Comunidad, de la Mujer, etc., donde piensen y elaboren protocolos, y hagan el seguimiento de estas situaciones. Y como sabemos que desde un escritorio en La Plata no se resuelven situaciones puntuales de cada territorio, el Acuerdo pauta la conformación de Mesas Intersectoriales en los distritos, en las que estén representados estos mismos estamentos provinciales, seguridad distrital, el municipio, los órganos efectores de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, educación y las organizaciones sindicales. Esto para nosotros es fundamental.
Stella Maldonado siempre nos decía: cada logro, cada ley o Acuerdo Paritario concretado, no resuelve por sí mismo ni íntegramente las situaciones a las que refieren, cada artículo constituye o guía los pasos para seguir luchando, son puntos a concretar. Por eso decimos que este Acuerdo no va a resolver todas las situaciones de conflicto, porque estas situaciones se desencadenan desde una multicausalidad muy compleja y en un contexto a nivel global de tensión, de incertidumbre, de violencias. Pero sí va a aportar una potente y esperada herramienta para que nuestra patronal y entre nosotrxs mismos, nos cuidemos y resguardemos niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y también a los y las trabajadoras de la educación para que las escuelas continúen siendo efectivamente territorios de paz.
Empecé diciendo que fueron muchos años de trabajo, muchos años de pensar, muchos años de poner en práctica lo que decimos siempre desde el SUTEBA: oído en los compañeros y compañeras, y transformar las demandas en herramientas que mejoren las condiciones de trabajo de lxs docentes y las condiciones de aprendizaje de lxs pibes. Eso para nosotrxs es la defensa de la escuela pública. Es un trabajo colectivo dentro del Sindicato con las distintas Secretarías, que lo llevamos adelante provincialmente con el FUD y que fue tomado por la CTERA, que hoy está discutiendo un Acuerdo Paritario Nacional.
