SEGUIR GARANTIZANDO DERECHOS

IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS - Entrevista con Silvia Almazán

Silvia Almazán

La Secretaria General Adjunta del SUTEBA y Directora del Instituto para el Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires (IDESBA) de la CTA-Provincia, dialogó con Siete3Siete sobre la herencia que nos dejaron Macri y Vidal, el impacto de la pandemia, el aporte solidario de las organizaciones sociales y sindicales y la necesidad de que hagan su contribución los sectores más favorecidos.

737: ¿Por qué es necesaria la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas?

Silvia Almazán: La CTA siempre planteó en su agenda la necesidad de una reforma tributaria de características progresivas. Y esto tiene que ver con una desigual distribución de la riqueza, que se da a nivel mundial pero impacta especialmente en nuestro país y en América Latina, que es una de las regiones más desiguales. En el mundo hay un 1 por ciento de la población que concentra lo que producimos el 99 por ciento restante, y ese 99 por ciento somos trabajadorxs.

Entonces, un impuesto a las grandes fortunas significa recuperar una parte de lo que venimos produciendo y de la que se apropian los sectores concentrados del poder económico. Los recursos del Estado provienen de lo que producimos, pero hay una tensión sobre si esos recursos van al Estado o van al mercado.

Como señalamos en uno de los informes del IDESBA, en la Argentina el 10 por ciento más rico tiene ingresos 21 veces superiores al 10 por ciento más pobre.

Estas desigualdades -algunas estructurales- se acrecentaron durante los cuatro años de políticas macristas. Y a partir de la pandemia se profundizaron aún más. Es decir, había una situación de crisis del sistema capitalista a nivel global, vinculada al circuito de la especulación financiera, y esta crisis se va profundizando en el marco de la pandemia y de las medidas de los gobiernos destinadas a garantizar el aislamiento.

“La red de políticas sociales empieza a visibilizarse como insuficiente en la medida en que la desigualdad se agudiza”, sostiene Almazán. Y en base a ese diagnóstico plantea la necesidad de “fortalecer los recursos del Estado para poder seguir garantizando derechos para nuestro pueblo”. 

Se proyecta que va a ser superior a la de 2008, que fue la última de las grandes crisis que padecimos, pero también se plantea como peor a la de 1929, la de la gran depresión.  A nivel mundial se registra una caída promedio del PBI en torno al 6 por ciento en países como Estados Unidos, Rusia, China y Alemania, pero también en naciones de América Latina y entre ellas la Argentina.

737: Y la pandemia encuentra a nuestro país, como vos señalás, en una situación muy delicada tras cuatro años de políticas neoliberales…

S.A.: Así es. En la provincia de Buenos Aires hubo un retroceso en el presupuesto general destinado a las políticas públicas. Y en el área de la educación se registró una caída de más de 6 puntos entre 2015 (29,5 por ciento del presupuesto) y 2019, que terminó en un 23 por ciento. Esa pérdida, que es notoria en educación, también se dio en salud y en políticas sociales.

A la reestructuración del Estado, a las políticas de ajuste, tenemos que sumarle el endeudamiento brutal de la provincia de Buenos Aires, en sintonía con el endeudamiento nacional. En la Provincia la deuda se quintuplicó, registrando un incremento del 435 por ciento.

Y hay que recordar que desde el inicio del nuevo gobierno pasaron menos de siete meses, de los cuales más de tres estuvieron atravesados por la pandemia.

Esa es una parte de la caracterización del contexto del que nosotrxs tenemos que partir. Y no es para conformarnos, sino para ver cómo intervenimos para encontrar resoluciones, porque somos una organización de trabajadorxs y no solo describimos la realidad, sino que construimos propuestas para transformarla desde la acción.

737: ¿Cómo se ve esa realidad desde las escuelas?

S.A.: Nosotrxs vemos la situación de las familias, el deterioro de sus condiciones de vida. Algunxs perdieron su trabajo, o tienen discontinuidad o les redujeron el salario, por lo que la escuela se transformó en una referencia del Estado para todas las comunidades. Mantuvimos la relación con niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias. Y en esa relación vemos ese deterioro y las necesidades que se expresan a través de la demanda de bolsones alimentarios, que no sólo se observa en las franjas etarias más pequeñas sino también en adolescentes, jóvenes y adultxs. Todo esto habla de una emergencia.

Hay una trama de políticas estatales que estamos recuperando y que están siendo el sostén para aquellos sectores de mayores condiciones de vulnerabilidad. El IFE, el subsidio a las empresas para seguir garantizando el salario, la AUH, todos los programas alimentarios. Pero esa trama, esa red de políticas sociales, más la política sanitaria, que es fundamental, empieza a visibilizarse como insuficiente en la medida en que la desigualdad se agudiza. 

Esa es una parte de la caracterización del contexto del que nosotrxs tenemos que partir. Y no es para conformarnos, sino para ver cómo intervenimos para encontrar resoluciones, porque somos una organización de trabajadorxs y no solo describimos la realidad, sino que construimos propuestas para transformarla desde la acción.

737: Y esa insuficiencia que mencionás marca la necesidad del impuesto a las grandes fortunas…

S.A.: Nosotrxs creemos que para seguir garantizando derechos para nuestro pueblo, para lxs trabajadorxs,  en un contexto de pandemia que es inédito a nivel mundial y que está exhibiendo estas situaciones de desigualdad, es muy necesario fortalecer los recursos del Estado. Por eso planteamos una reforma tributaria y el impuesto a las grandes fortunas.

Estamos hablando de políticas para garantizar el derecho a la alimentación para nuestrxs niñxs, cuando en la Argentina hay 12 mil personas que serían alcanzadas por el impuesto a las grandes fortunas. Algunas de ellas figuran en la nónima de los más ricos del mundo, y están vinculadas a multinacionales que se enriquecen en un proceso en el que son parte de la generación de deuda y la fuga a paraísos fiscales.

Debemos empezar a revertir esta situación y darle instrumentos legales al Estado para regular estos recursos. Planteamos un aporte extraordinario de 1,5 por ciento de las grandes fortunas, que equivaldría a un 1 por ciento del producto bruto interno, y que nos permitiría reforzar la construcción de más hospitales de emergencia como los que se están haciendo, la compra de respiradores, o seguir fortaleciendo la investigación en ciencia y en tecnología, para ver si llegamos más rápidamente a esa medicina o vacuna que detenga la circulación del virus. Y podríamos plantear muchas otras políticas.

737: ¿Qué propone el proyecto de reforma tributaria para la provincia de Buenos Aires?

S.A.: El proyecto que se plantea, que impulsa María Reigada, propone constituir un fondo fiduciario para establecer una ayuda social para pequeñas y micro empresas, en el marco de la emergencia sanitaria. Apunta a generar créditos y subsidios para garantizar, por un lado la producción, y por otro los salarios de lxs trabajadorxs. Para esto plantea una cuota adicional, por única vez (equivalente al 20 por ciento del valor anual), del impuesto urbano y del impuesto rural para propiedades de más de 10 millones de pesos de valor fiscal. Y de la misma manera para aquellas embarcaciones y automóviles lujosos de más de 2 millones. Estamos hablando de valores fiscales, cuando sabemos que el valor de mercado puede ser del doble o más.

Nosotrxs siempre pensamos los proyectos y las políticas como una construcción colectiva. Y pensamos esta etapa también de una manera muy solidaria. Porque las organizaciones sindicales, las organizaciones sociales, lxs trabajadorxs estamos aportando solidariamente y sosteniendo, por ejemplo en el caso de la CTA, 300 comedores populares, con nuestros recursos y de diferentes maneras, desde la forma más solidaria de aquel que dice “tengo 50 pesos o traigo un paquete de azúcar”, hasta los aportes de las organizaciones sindicales y sociales, que además de alimentos aportan trabajo, porque esos comedores populares se sostienen con el trabajo de lxs compañerxs militantes.

Si hay un pueblo tan comprometido, tan solidario, es inconcebible que aquellos que concentran tanta riqueza no estén construyendo iniciativas para fortalecer los recursos del Estado, tanto nacional como provincial, y generar más políticas públicas, y en cambio solo planteen herramientas que les permitan seguir garantizando una concentración de recursos. Tenemos que fortalecer con instrumentos legales al Estado para que pueda acrecentar esos recursos. 

737: Hay mucha resistencia a este tipo de iniciativas. ¿Considerás que el impacto de la pandemia puede facilitar su aplicación?

S.A.: Estas medidas tienen consenso social. El tema es que hay que seguir construyendo poder, para lograr una correlación de fuerzas más favorable. Porque el poder real viene tejiéndose y retejiéndose, se fortaleció con la dictadura en los 70 y siguió con esa trama, porque Vicentín, por ejemplo, es parte de esa estructura. Sus sedes en Santa Fe fueron lugares de detenciones y vulneración de derechos de lxs trabajadorxs y de las comunidades. Y hay toda una trama en torno de Vicentín, un poder político y judicial que sostenía una especie de Estado paralelo. Y en muchos pueblos de nuestro país sucede lo mismo. Los Blaquier o Techint son solo dos ejemplos en ese sentido. Son grupos que intentan erigirse en ese Estado paralelo desde el que construyen un armado de poder económico, mediático y judicial.

Creemos que la democracia va madurando. En esta etapa incluso a nivel mundial se está repensando el lugar del Estado y del mercado. Quién garantiza la vida y quién no la garantiza. Pero además, dentro del Estado se está repensando qué nuevas institucionalidades hay que construir para seguir garantizando derechos.

Hay mucho todavía por seguir desentramando y haciendo visible. El 16 de junio recordábamos el bombardeo a Plaza de Mayo de 1955. Ahí se empiezan a tejer muchos de los hilos de quienes de manera conservadora quieren seguir concentrando todos los poderes, pretenden legitimarse y buscan cooptar al Estado para generar acciones de represión, de disciplinamiento, y seguir avanzando con una injusta distribución de la riqueza.

Ilustración: Lorena Baudriz

Hoy estamos en un contexto histórico diferente. Creemos que la democracia va madurando. En esta etapa incluso a nivel mundial se está repensando el lugar del Estado y del mercado. Quién garantiza la vida y quién no la garantiza. Pero además, dentro del Estado se está repensando qué nuevas institucionalidades hay que construir para seguir garantizando derechos. Eso que nos planteamos siempre como una utopía: avanzar hacia un mundo más justo y más solidario, requiere mirar la distribución de la riqueza. Todo esto está en debate.

Esta disputa entre dos modelos de país, dos concepciones de economía y de política, está en tensión a nivel mundial, no solo en la Argentina. Y esta confrontación histórica ha llevado a los que se plantean como «dueños» de nuestro destino a acciones en las que las organizaciones populares sean perseguidas y hasta haya habido intentos de diezmarlas.

Creo que un primer paso hacia una reforma tributaria integral es este impuesto a las grandes fortunas. Es un primer peldaño, y por eso hay tanta resistencia de los sectores de la derecha, porque saben que si damos este primer paso tendremos la posibilidad de seguir avanzando. Y estoy segura de que así será.